Las empresas tienen que tener bien cubiertas las espaldas con un servicio de abogacía. Son múltiples los casos en los que la puedes necesitar, pero en este caso me quiero ceñir a los aspectos contra la administración pública. La famosa frase de El Quijote, “con la iglesia hemos topado”, toma más protagonismos que nunca cuando tenemos que enfrentarnos a litigios contra lo público. En estos casos, para defender nuestros derechos, tenemos que presentar una reclamación contra la Administración; lamentablemente es bastante frecuente que no admitan nuestra pretensión, o que ni siquiera nos contesten. Agotada la vía administrativa, el siguiente paso es iniciar la vía judicial en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Hay que ponerse en manos de servicios de abogacía que sean expertos en la materia, como por ejemplo, Hernández y Díaz Abogados. Sus abogados especialistas en derecho administrativo te asesorarán en todo lo que tenga que ver con los procesos relacionados con la Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, realizando solicitudes jurídicas, recurriendo los actos administrativos, tácitos o presuntos (silencio administrativo) o expresos y acudiendo, si es necesario, a la vía judicial contencioso-administrativa.
Son muchas las áreas de actividad más habituales, dentro del área del derecho administrativo y contencioso-administrativo son, entre otras, pueden surgir problemas de este tipo.
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- Retribuciones, régimen de incompatibilidades, expedientes disciplinarios, pliegos de cargos, conciliación vida laboral y familiar, ahora que el Gobierno se le llena la boca con sus siempre escasas políticas, obtención de licencias y permisos.
- Alegaciones en cualquier tipo de expediente. Recursos de alzada o recurso de reposición.
- Recurso contencioso-administrativo ante los tribunales: procedimiento ordinario y procedimiento abreviado. Protección de derechos fundamentales
- Contratos administrativos, con multas y sanciones y reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración.
- Subvenciones y ayudas públicas. Recursos frente a la denegación. Concesiones, licencias y autorizaciones administrativas. Dominio público.
- Para la ciudadanía extranjera, casos de denegación de concesión o renovación de permiso de residencia, permiso de trabajo, residencia permanente en régimen comunitario, reagrupación familiar, denegación de nacionalidad, asilo, visados.
Como puedes comprobar son muchos los aspectos por los que llevar a la Administración Pública a los tribunales. Por eso tienes que asesorarte bien y ponerte en manos de profesionales. Esta empresa cuenta con la excelencia en la relación con sus clientes es la clave de nuestra filosofía. Profesionalidad, cercanía, eficacia y compromiso, son la esencia de cada proyecto.
Diferencia entre Comunidades
Eso sí, tienes que saber que litigar puede salir caro. Es obligatorio ir acompañado de abogado y procurador. Y si quieres ganar, más vale que sea un buen abogado, con experiencia en la materia. Un procedimiento ordinario en primera instancia (sin recurrir) para reclamar 50.000 euros de indemnización cuesta unos 7.500 euros de abogado y 900 euros de procurador (IVA incluido). Al presentar la demanda hay que abonar las tasas judiciales, un importe nada desdeñable: 400 euros por reclamar en primera instancia una indemnización de 50.000 euros. Total: 8.800 euros es lo que gastarías por empezar a reclamar una indemnización de 50.000 euros (7.500 € de abogado, 900 € de procurador, más 400 € de tasas), según los datos que maneja la OCU. Y todo ello depende de la comunidad en la que vivas.
Y ten paciencia, en algunas comunidades autónomas los procesos son interminables: no es raro que una demanda en primera instancia tarde en resolverse de 2,5 a 3 años y un recurso de casación puede llegar hasta a los diez años.
